Fecha: 09 de agosto de 2018
Publicado en: ladiaria.com.uy
Autoría: Natalia Uval
El informe construye escenarios que van desde la “igualdad de género real” al “retroceso al siglo XX”
Los escenarios que construyen los estudios de prospectiva generan una sensación similar a las películas futuristas. Parados en un cruce de caminos, nos muestran qué ocurriría al final de cada uno de ellos, y qué acciones debemos tomar para torcer o ratificar rumbos. Este es el intento que hace el estudio de prospectiva integral en género en Uruguay, primero de su tipo a nivel mundial, elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) con apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la consultoría técnica de la experta en prospectiva Cecilia Alemany y de la economista Soledad Salvador, del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (Ciedur).
El informe, titulado “Sistemas de género, igualdad y su impacto en el desarrollo”, se presenta mañana en el salón de actos de la Torre Ejecutiva y es la segunda parte de una investigación que comenzó en marzo de 2016. Se enmarca en el proyecto Hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050, de la Dirección de Planificación de la OPP, que apunta a la definición participativa de líneas estratégicas de desarrollo.
En primer lugar, el estudio identificó 12 “factores claves” que pueden tanto impulsar como dificultar la igualdad de género, en tres ejes distintos. En el eje socioeconómico se incluyen las políticas de empoderamiento económico y práctica empresarial con enfoque de género; la discriminación hacia las mujeres en el mercado laboral; el manejo y las decisiones sobre capitales, activos y tierra, hoy predominantemente en manos de varones; la falta de corresponsabilidad en los cuidados; la transición dual a la adultez –con diferencias marcadas entre mujeres de bajos y de altos ingresos, por ejemplo en cuanto a la maternidad–; y el mantenimiento de roles de género tradicionales en la educación formal y en la formación profesional. En materia educativa, si bien las jóvenes acceden a la educación formal en mayor medida que antes, se constata una brecha relevante según la situación socioeconómica, debida mayormente a que las adolescentes de contextos de bajos recursos deben dedicarse a tareas de cuidado en mayor medida que los varones.
En el informe se cuestiona la noción del “trabajador ideal” como aquel que no tiene responsabilidades familiares y que dispone de todo su tiempo para el trabajo remunerado, ya que esta noción incide en la segregación ocupacional de las mujeres. Esta lógica también se reproduce en ámbitos de militancia social y política. Además, el estudio cuestiona la falta de enfoque de género en las políticas macroeconómicas y de desarrollo productivo, y señala que estas no son “neutrales al género”, sino “ciegas al género”.
En el eje cultural-identitario se incluyen como factores claves la violencia basada en género, la cultura patriarcal predominante, las representaciones sociales que mantienen y reproducen estereotipos de género, y las políticas integrales antidiscriminación. En este eje se señala que la representación social de Uruguay como un país igualitario, en el que “naides es más que naides”, sólo refiere a la igualdad de clases y no a otros aspectos como el género. Asimismo, se advierte que persisten “grupos muy conservadores que no reconocen” los avances en materia de igualdad de género, y que es necesario “deconstruir y evitar la propagación” de los estereotipos de género con políticas dirigidas a la primera infancia y también mediante la regulación de los medios de comunicación, por ejemplo prohibiendo la publicidad sexista. En el informe se sostiene que los medios masivos “contribuyen a la perpetuación de una cultura machista que cosifica a mujeres y niñas”, y que “parece evidente que la capacidad de autorregulación pura del sector es inviable”.
Finalmente, en el eje político-institucional se incluye la participación paritaria de mujeres en altos cargos de los diferentes poderes del Estado a nivel nacional y subnacional; el financiamiento y la formalización de la participación sistemática de organizaciones feministas, de mujeres y por la igualdad de género y de raza en espacios de diálogo y participación formal del Estado; y el otorgamiento de jerarquía ministerial a la gobernanza pro igualdad de género, que asegure autonomía y presupuesto, así como la transversalización de las políticas en el territorio. En este punto se alerta que “persiste un marco jurídico que contiene disposiciones discriminatorias contra la mujer, en particular el Código Penal”.
El futuro se elige
A partir de estos factores y de las posibilidades de avance y retroceso en cada uno de ellos, el estudio construye ocho escenarios posibles.
El escenario más negativo en materia de igualdad de género se denomina “Retroceso al siglo XX”. Allí se vuelve a la práctica histórica de discriminación hacia las mujeres y la comunidad LGBTIQ, se naturaliza la violencia y la sociedad reacciona ante los feminicidios pero de forma conservadora: “Triunfan los grupos más conservadores, que avivan los totalitarismos y llaman a la instalación de la pena de muerte o cadena perpetua como solución para la violencia de género y la violencia en general”, pronostica el informe. “La seguridad monopoliza la agenda haciendo que las metas de desarrollo e igualdad se vean como ideales que se lograrán más adelante pero no son prioridades de gobierno ni de debate electoral”, continúa. “Es el Uruguay de la desigualdad el que se instala en este escenario de retroceso, que se puede dar tanto con profundización de una fractura social como con exacerbación de las fuerzas conservadoras, o una compleja interrelación entre ambos fenómenos”, concluye.
Luego hay una serie de escenarios intermedios –“Estancamiento”, “Cambio gradual y muy lento”, “Empoderamiento económico leve y sin cambio cultural”, “Modelo del trabajador ideal”, “Cambio social incipiente”, “Avance sustantivo para la igualdad de género”– hasta llegar al escenario meta, “Escenario de igualdad de género real para el siglo XXI”. En este caso se logra una “igualdad sustantiva”. Se reconoce que “no hay democracia real sin paridad”, que la violencia de género requiere un cambio sociocultural y que el sistema de derecho, instituciones y prácticas del pasado reproducían de diversas formas, “valores y estructuras opresivas que negaban el ejercicio de una igualdad real de las mujeres”. Este escenario supone “cambios en los aspectos más profundos que hacen a la tradición machista y las religiones, pero también a las concepciones impulsadas por las cámaras empresariales, los sindicatos, los medios de comunicación, las expresiones culturales, entre otros”.
En las consideraciones finales del informe se señala que la igualdad de género en 2018 “aún no permea de forma amplia al sector político sustantivamente, es un fenómeno muy incipiente y casi periférico posicionado sólo recientemente en el discurso oficial, respecto del cual las cúpulas sindicales y empresariales avanzan muy lentamente”. El escenario actual está “muy por debajo” del escenario meta y, por lo tanto, será “muy difícil avanzar en la igualdad real o sustantiva sin políticas de igualdad, y sin instituciones y recursos que la promuevan”, concluye el estudio.
Noticia original y completa en:
Fecha publicación
Thu, 08/09/2018 - 12:00
Tipo de noticia
Noticias internacionales