Violencia simbólica y la regulación de la publicidad con perspectiva de género
Por Camila Ordóñez Laclé
Se presentan los principales resultados avanzados de la investigación “Regulación de la publicidad con perspectiva de género: una revisión de la legislación iberoamericana, alcances y limitaciones para reflexionar en el contexto costarricense”. El estudio se basa en una revisión documental y un análisis por categorías de diversas leyes aprobadas en 19 países de la región iberoamericana de habla hispana, que contienen algún tipo de regulación sobre la imagen de las mujeres en la publicidad y/o en los medios de comunicación (no incluye jurisprudencia).
Entre los primeros hallazgos se identifica que países como Argentina, Bolivia, Ecuador, España, México y Nicaragua cuentan con las regulaciones más avanzadas en este sentido, otros tienen un alcance más moderado como Costa Rica, mientras que Chile, Colombia, Cuba, Honduras y Perú presentan un mayor vacío de protección en esta materia (quedan otros por revisar). Se distingue además que los países desarrollan diferentes rutas para contar con este tipo de regulación: algunos lo hacen por la vía de las leyes de comunicación o publicidad, otros por medio de las leyes de protección ante la violencia contra las mujeres, y otros acuden a las leyes de defensa de la persona consumidora.
La regulación de los contenidos discriminatorios contra las mujeres en los medios y/o la publicidad se efectúa bajo muy diversas definiciones y con distinto grado de especificidad; aquellas con mayor precisión son las de publicidad ilícita, publicidad abusiva, violencia mediática y violencia simbólica, mientras que otras lo abordan bajo términos más difusos como publicidad subliminal, violencia indirecta o violencia encubierta. El tipo de contenido que regulan también varía: las más avanzadas abarcan aquel que discrimina con base en el sexo/género (incluyendo los estereotipos), mientras otras limitan esencialmente el contenido violento y/o sexualmente explícito.
Por otra parte, no todas las leyes que favorecen esta regulación incorporan una perspectiva de género clara, pero las más completas comprenden valiosos conceptos y principios orientadores tales como: igualdad entre hombres y mujeres, equidad de género, igualdad real, no discriminación, concurrencia de violencias, despatriarcalización, enfoque de derechos, interculturalidad, interseccionalidad, respeto a la pluralidad, entre otros.
La mayoría de estas leyes tienen un alcance de tipo administrativo y disponen de muy diversos entes reguladores. En este plano, se destaca como una buena práctica aquellas entidades que promueven la participación ciudadana en los procesos de la regulación, tales como asociaciones de personas consumidoras o usuarias, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, u organizaciones relacionadas con la promoción de la cultura, así como aquellas que incluyen la participación de representantes de las instancias de protección de derechos de las mujeres, de las defensorías de los habitantes, y/o del sector académico en sus Comisiones o Consejos Asesores.
En cuanto a las acciones de regulación algunos instrumentos contemplan únicamente medidas de amonestación o suspensión, los más avanzados conllevan sanciones económicas, y las más completas consideran además medidas de disculpa pública, rectificación o reparación de daños.
Finalmente, en la legislación revisada en cada país se identifican retos y limitaciones por superar con respecto al proceso de regulación, que pueden partir de su base conceptual, de su reglamentación, de los procedimientos y su aplicación, de la sanción y/o en la reparación. No obstante, se desprenden muchas buenas prácticas de las legislaciones más avanzadas en esta materia, en incluso se destacan algunas de la legislación costarricense, que deben ser retomadas, analizadas y adaptadas en cualquier proceso que procure actualizar y optimizar los mecanismos de regulación existentes en este país.