Pronunciamiento sobre el autoritarismo y el derecho a la protesta
Pronunciamiento sobre el autoritarismo y el derecho a la protesta
Desde el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica analizamos con preocupación la alzada global de discursos, políticas y acciones propias del autoritarismo. A nivel país, hemos visto cómo en los últimos años del gobierno actual se ha profundizado y normalizado una política basada en rasgos autoritarios, patriarcales, populistas y recientemente, también punitivistas. Esta política ha erosionado la confianza en las instituciones del Estado y ha ido poco a poco destruyendo el tejido social de la sociedad costarricense.
Las distintas formas de violencia se encuentran interconectadas, por ello, el autoritarismo afecta, particularmente a las mujeres, a la comunidad LGBTQIA+, a las personas jóvenes y a los sectores poblacionales que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad y discriminación.
Esta preocupante coyuntura permea nuestra universidad. Nos alarma sobremanera la escalada de discursos autoritarios que crean un clima de miedo y tensión en la comunidad universitaria. Recordemos que el miedo es funcional al autoritarismo, en tanto induce a la población a aceptar y a apoyar la renuncia o el recorte de libertades y derechos – entre ellos el derecho a la protesta – bajo argumentos de seguridad. El victimismo de los sectores dominantes, la creación de enemigos internos, el uso de medidas de control y vigilancia, la criminalización de la protesta, son todas estrategias propias del autoritarismo, que propician las condiciones para un aumento de la violencia y para que la población tolere dicho aumento.
Observamos además una escalada represiva como respuesta de algunas autoridades ante disensos y movilizaciones, haciendo uso de las fuerzas de seguridad internas en contra de la población estudiantil organizada.
Señalamos que este uso del poder es patriarcal, ya que utiliza el dominio y control desproporcionado y las posiciones de autoridad para crear un ambiente de temor, que debilita las condiciones que históricamente nos han fortalecido como universidad. Esta forma de ejercer el poder es contraria a la democracia, y atenta contra los derechos de quienes integramos la comunidad universitaria.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional han enfatizado que el derecho a la protesta es un derecho humano propio de la libre expresión, la comunicación social y la reunión pacífica, que refleja las emociones e ideas de las personas que perciben una afectación en algún área de su vida.
En la Universidad de Costa Rica, en diversos espacios académicos como el “Foro Institucional 2017 Libertad de expresión, comunicación y democracia", se ha reconocido la protesta como derecho colectivo de manifestación de inconformidad, que no debe criminalizarse, pues se corre el riesgo de limitar la libre expresión, consagrada como un derecho costarricense en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica y como un derecho humano en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El derecho a la protesta es un derecho derivado del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo tanto, su ejercicio debe ser garantizado por todas las autoridades estatales sin distinción alguna. Este derecho permite manifestar el desacuerdo con condiciones sociales y políticas, bajo el amparo del respeto a la diversidad de ideas, ya que busca la reivindicación de las personas que no han sido incluidas en la toma de decisiones, o bien, que se ven afectadas por las consecuencias de los actos tomados por quienes administran los servicios que requieren.
Ya en Costa Rica hay antecedentes que plantean cómo actuar sin criminalizar la protesta, tal como se muestra en la sentencia absolutoria de las personas estudiantes que protestaron en defensa de la autonomía universitaria, en 2019, por el Tribunal Penal de San Ramón, en la cual se citó la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que es de acatamiento obligatorio:
“De ninguna forma, la penalización de la protesta social puede convertirse en un instrumento amedrentador en detrimento de una forma de expresión participativa social propia de un sistema democrático. Mientras una manifestación pública se desarrolle dentro de márgenes normales, debe imperar la cordura y la tolerancia. De este modo, se evita que los medios de expresión de la disconformidad social (los cuales históricamente han sido aceptados en los regímenes democráticos más no en las dictaduras) lleguen a convertirse en verdaderos focos de violencia y desorden público, a lo que precisamente se llegaría cuando el uso de la fuerza policial deviene desproporcionado.” Sala Constitucional. Sentencia N° 2012-17027 de las 14:30 horas del 5 de diciembre de 2012.
Por todo lo anterior, desde el CIEM alzamos nuestra voz en defensa de las y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, quienes, con valentía están poniendo el cuerpo para exigir respuestas.
Las autoridades universitarias no pueden ignorar o evadir las protestas del movimiento estudiantil, y mucho menos abusar de su autoridad para reprimir las denuncias y reclamos. Lo que deben hacer es escuchar y atender dichas denuncias. Subrayamos que el estudiantado puede opinar y decidir sobre los asuntos que les conciernen, máxime cuando afectan la calidad de la educación. Las autoridades universitarias deben garantizar el ejercicio de la protesta, como mecanismo democrático de expresión, participación y disenso.
Denunciamos con firmeza la criminalización de la protesta estudiantil y rechazamos cualquier forma de violencia o deslegitimación de sus acciones. En especial queremos alertar sobre dos hechos: primero, la propuesta realizada por un integrante del Consejo Universitario de consultar a la Unidad Especial de Intervención de Casa Presidencial sobre asuntos que deben resolverse internamente y, segundo, la apertura de procesos disciplinarios contra quienes se han manifestado. Estas prácticas representan un uso desproporcionado del poder contra un movimiento estudiantil que ha sido pilar fundamental en las conquistas históricas de nuestra universidad.
Para finalizar, hacemos un llamado a las autoridades universitarias a reposicionar su mirada con respecto a los retos que enfrenta la educación superior pública del país en la coyuntura actual, así como a repensar las actitudes y prácticas que son necesarias a lo interno para concretar acciones conjuntas en su protección, desde la colaboración y el respeto. Todo ello, tomando en consideración no sólo los principios éticos y científicos que deben caracterizar esta Universidad, sino que, coherentemente, reconociendo la diversidad, la pluralidad, y la disidencia como garantes del pensamiento crítico que se requiere para seguir promoviendo la construcción de una institución, y una sociedad, más inclusiva, equitativa y, sobre todo, humanizante.
16 de junio del 2025, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Centro de Investigación en Estudios de la Mujer
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica