La política lingüística es una acción estratégica ejercida por un actor de poder (Estado, instituciones, corporaciones, movimientos sociales) para regular, promover o restringir el uso de una o más lenguas en espacios específicos (educación, medios, legislación), en función de intereses sociopolíticos e ideológicos. Esta intervención no es neutral: refleja y reproduce dinámicas de dominación, resistencia o emancipación lingüística, según los contextos históricos y las relaciones de fuerza entre grupos (Casasola et al. 2025).